En los últimos años, el Perú ha experimentado un proceso migratorio sin precedentes. Con la llegada de aproximadamente 1.5 millones de migrantes y refugiados venezolanos, de los cuales un millón reside en Lima, el país enfrenta un desafío crucial: crear un entorno que fomente la integración, reduzca la discriminación y asegure la protección de derechos.
Aunque contamos con marcos normativos nacionales e internacionales, como la Ley de Refugio Peruana, la Convención de Ginebra de 1951 y la Convención de Cartagena, estas herramientas legales han demostrado ser insuficientes y desactualizadas frente al contexto migratorio.
En años recientes, se han emitido documentos orientados a la regularización de los migrantes, como el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) y el Carnet de Permiso Temporal (CPP); sin embargo, estas medidas han sido únicamente paliativas en una situación que exige soluciones de largo plazo. La Ley de Migración 1350, en vigor desde 2017 y con validez hasta 2025, tampoco ha sido revisada ni adaptada para responder a los nuevos desafíos y la magnitud de la crisis migratoria. Urge, por tanto, el diseño de políticas que no solo regularicen temporalmente a la población migrante, sino que promuevan una integración sostenible en el tiempo.
Es fundamental recordar la tradición migratoria de nuestro país. Hoy, más de 4.7 millones de peruanos residen en el extranjero, y durante los años 80, en la época del terrorismo, más de un millón de peruanos emigraron a Venezuela en busca de seguridad y oportunidades. La historia migratoria del Perú debería ser un recordatorio de la empatía y solidaridad que el país debe extender hacia los migrantes que ahora ven en el Perú un refugio y un nuevo comienzo. Sin embargo, el país parece tener dificultades para adaptarse a la llegada de personas, y las normativas actuales no han sido efectivas para abordar esta realidad.
A las barreras normativas se añade un problema social complejo: la xenofobia. Lo que representa un obstáculo invisible que limita las oportunidades de los migrantes y dificulta su acceso a empleos, viviendas y servicios básicos. Los prejuicios no solo afectan a la población migrante, sino que también frenan nuestro desarrollo como sociedad.
El 2025, representa una oportunidad clave para replantear nuestras políticas migratorias, pasando de un enfoque de ayuda humanitaria a uno de integración real y sostenible. Además, es fundamental implementar campañas de sensibilización para reducir la xenofobia, fomentar el respeto y reconocer el valioso aporte que los migrantes pueden hacer a la economía y la cultura del Perú.